La norma tiene por objeto regular el funcionamiento y coordinación con el Ministerio de Justicia, de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, siendo estas las instancias responsables de gestionar las denuncias por actos de corrupción, así como llevar adelante políticas de transparencia institucional en la gestión.

Todas las entidades públicas del nivel central del Estado, deben contar con Unidades de Transparencia; sin embargo en los casos de entidades desconcentradas y descentralizadas cuyo presupuesto sea menor o igual a Bs.10.000.000, las Unidades de Transparencia serán las de sus entidades que ejercen tuición; en el caso de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, las Unidades de Transparencia son asumidas por sus Inspectorías Generales; en las empresas públicas, entidades financieras, empresas con participación accionaria del Estado y entidades territoriales autónomas se establece que deben contar con instancias de transparencia de acuerdo a su estructura y con la denominación que estas determinen internamente.

Entre algunas de las funciones de las Unidades de Transparencia están: promover e implementar planes, reglamentos, manuales u otros contra la corrupción, gestionar denuncias de corrupción, desarrollar mecanismos de participación ciudadana, asegurar el acceso a la información pública, promover la ética en los servidores y realizar seguimiento a los procesos instaurados por corrupción.

Dependiendo de la clase de entidad, las Unidades de Transparencia están a cargo de un Jefe o un Responsable de la Unidad, quienes son designados por las máximas autoridades de las mismas; se establece que toda designación o retiro de la Unidad de Transparencia debe ser comunicado al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

No tener incompatibilidades para ejercer la función pública, no contar con pliego de cargo ejecutoriado, no tener sentencia condenatoria por delitos de acción pública, contar con título profesional en derecho, economía, contaduría o afines y tener experiencia de 4 años en entidades o empresas públicas.

Esencialmente ejercer la coordinación, supervisión y evaluación de las denuncias por corrupción que gestionen las Unidades de Transparencia; gestionar denuncias de corrupción por montos iguales o mayores a Bs.7.000.000; participar en procesos penales por corrupción, gestionar denuncias por todo acto de corrupción contra funcionarios públicos y por investigación de fortunas, emitir instrumentos de retroalimentación de las Unidades de Transparencia y otros.

Es un sistema de información del Ministerio de Justicia que contiene datos sobre el registro de servidores de las Unidades de Transparencia, transparencia de la gestión pública, prevención de la corrupción, gestión de denuncias, procesos administrativos y judiciales por corrupción, recuperación de deudas y bienes del Estado y otros.

Las denuncias por hechos de corrupción se deben presentar ante las Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pueden ser verbales o escritas, las cuales deben cumplir con señalar los datos del denunciante y denunciado, relación de hechos y si es posible el tiempo en que se produjo el hecho; la falta de alguno de esos elementos implica la no admisión de la denuncia.

Luego de analizar la información, las Unidades de Transparencia emiten un Informe Final que es dirigido a la Máxima Autoridad de la entidad, en el que detalla la existencia o no de elementos de posible responsabilidad, recomendando las acciones correspondientes en cada caso; constituyéndose estos en opiniones técnicas no impugnables.

Las Unidades de Transparencia deben velar por la reserva de las denuncias y denunciantes, asimismo sobre la documentación que tengan en su conocimiento; aspectos que solamente pueden ser levantados cuando el Ministerio de Justicia o la Autoridad que ejerce tuición requieran alguna información al respecto.