La norma regula el marco normativo en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, así como la creación de tasas por servicios prestados por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG para contribuir a la seguridad alimentaria.

Garantizar la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, acción considerada como de prioridad nacional, por lo que se dispone la asignación de recursos para la erradicación de plagas, enfermedades y contaminantes.

Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman, sin representar riesgos para la salud.

Es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, institución pública desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entidad que tiene entre algunas de sus atribuciones: proteger la condición sanitaria y fitosanitaria, administrar el registro sanitario, elaborar normas técnicas de sanidad e inocuidad, reglamentar el decomiso y destrucción de productos, certificar la sanidad e inocuidad, realizar controles sobre alimentos, cobrar y administrar tasas por los servicios que presta y otras relacionadas.

a) Sanidad Vegetal, tiene como fin proteger, prevenir, erradicar plagas y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio agrícola, forestal y flora silvestre del país, a través de medidas fitosanitarias, regulando el registro, control, manejo y uso de los insumos agrícolas.

b) Sanidad Animal, destinada a prevenir, controlar diagnosticar y erradicar enfermedades que afectan a los animales terrestres, acuáticos y a la salud pública.

c) Inocuidad Alimentaria, con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos en los tramos productivos y de procesamiento, regulando las buenas prácticas en la producción primaria y transformación, registro y vigilancia.

Inicialmente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras debe convocar a las instituciones públicas, privadas y entidades autónomas para realizar un diagnóstico, en caso de alerta o emergencia a su vez el nivel central debe destinar recursos económicos en el marco del Plan Nacional de Contingencia.